A lo largo de estas semanas se ha puesto de manifiesto el rechazo a la más que previsible reducción en los presupuestos generales del estado de las partidas destinadas a la Investigación y Desarrollo (I+D). Sin embargo no es objeto de este artículo esgrimir argumentos acerca de la necesidad de incrementar los fondos públicos previstos a este apartado. Necesidad por otro lado obvia, al albur de los bajos ratios acerca de la inversión en I+D que se realiza en España.
Aprovechando el creciente interés por la materia, sí que creo necesario reflexionar acerca de otros aspectos anejos a éste que, bajo mi punto de vista, son clave para incorporar al debate y que nos puedan servir para mejorar los destinos que vamos a dar a esas partidas. Me gustaría comenzar con dos premisas que entiendo necesarias.
Primera: La i+d no debe ser vista como un fin en si mismo sino como un medio que, según se viene demostrando a lo largo de estos años, resulta extremadamente eficaz para obtener ratios deseados de productividad y competitividad; en definitiva progreso y crecimiento para un país.
Segunda: el Estado se está configurando, y yo estoy de acuerdo, como un agente necesario para el fomento de la I+D, que siempre debe contener unos objetivos claro de resultado.
Dinamarca y Finlandia son claros ejemplos. Algunos autores como Robert D. Atkinson presidente de la Information Technology and Innovation Foundation creen en esta teoría. El gobierno español ha venido realizando en estos últimos años un esfuerzo relevante en cuanto a gasto público a I+D. Aplicado dicha fuente de financiación al ámbito empresarial, la Administración española viene utilizando tres mecanismos financieros de apoyo a la I+D: a) subvenciones a fondo perdido; b) préstamos a tipos de interés 0 y c) deducciones fiscales a proyectos de I+D e Innovación tecnológica. Este hecho ha tenido como consecuencia que en la última década el crecimiento del gasto en I+D en España haya sido sostenido. Según los últimos datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística, la inversión en I+D en España ascendió en 2007 a 13.342 millones de € o lo que es lo mismo, uno 1,27% del PIB. Pese a ese esfuerzo, desde un punto de vista cuantitativo todavía estamos por debajo de la media de la Unión Europea que actualmente ronda el 1,85%. Los Países europeos que más invierten son Suecia con el 3,60% y Finlandia con el 3,47%.
Si analizamos las fuentes de financiación de esos 13.342 millones de €, el 45,5% se financia por el sector privado y el 47% por la administración pública. El resto viene financiado por fondos procedentes del extranjero y otros. Resulta curioso cómo el porcentaje dedicado por el sector empresarial ha ido decreciendo. En el año 2006 ascendía al 47,1%. Además, si a esta cifra le restamos los 2.800 millones de € que el Gobierno otorgó en 2007 en préstamos a entidades privadas, y que a efectos estadísticos computan como aportación empresarial mediante gastos propios, tenemos que el % real en ese año fue aproximadamente del 24,5% sobre la inversión total. Si comparamos estos datos con los Países más avanzados tecnológicamente, resulta que la diferencia es totalmente abismal.
Como comentaba anteriormente, este dato resulta absolutamente relevante en la medida en que para que el conocimiento generado por las actividades de I+D tenga un impacto en el desarrollo económico de un País es necesario transformarlo en aplicaciones útiles para la industria y esta labor se realiza en gran medida por el sector empresarial, aplicando estrategias de gestión de la innovación. Y en la medida en que el sector empresarial asuma mayor peso en la financiación de la I+D, ésta estará orientada a unos objetivos de crecimiento y productividad empresarial.
El peso tan reducido real de la inversión empresarial española con respecto al total del gasto nacional en I+D no tiene otra lectura más que la de que la empresa privada no contempla dicha inversión como algo estratégico; lo cual significa además que en momentos de crisis como el actual es más que previsible que dicha inversión se haya reducido considerablemente en estos dos últimos años.
Por otro lado, si como hemos comentado antes, la inversión en I+D es una fuente de incremento de productividad y competitividad esta claro que en este punto en España tampoco hemos acertado. Desde mi punto de vista, el impacto que la I+D debe ejercer sobre estos ratios comentados no será efectiva en nuestro País en la medida en que, como hemos dicho con anterioridad, el peso de la inversión privada no sea mayor.
Por tanto, desde mi punto de vista, al aumento de la cantidad de inversión en I+D debe ir acompañada también un aumento en su calidad, entendida esta como su materialización en futuras innovaciones tecnológicas con éxito en el mercado. Creo que a este debate hay que añadirle la reflexión de si el destino que se la ha dado a ese gasto en I+D en los últimos años ha sido el correcto.
Así pues y tomando como punto de partida las dos premisas comentadas al inicio de este artículo, incrementar los niveles de inversión en I+D sin aplicar una correcta estrategia que permita hacer buen uso de ello, no garantiza en absoluto el éxito. Para ello es necesario canalizar y orientar correctamente esa inversión. Y ahora más que nunca, si tenemos en cuenta la más que previsible reducción de la inversión pública en I+D. Por tanto, creo que el dinero que destine la administración pública a la I+D debería contemplar prioritariamente los siguientes objetivos:
– Comunicar la absoluta necesidad estratégica de incrementar los gastos privados a actividades de I+D. Para ello sería necesario concienciar al empresariado español del significado e impacto de la I+D en las organizaciones. Sobre este aspecto creo muy relevante facilitar el acceso a toda esta información de una manera clara y bajo un único punto de acceso.
– Comunicar que la I+D es algo únicamente cuantitativo sin también cualitativo. Una mayor inversión debe ir acompañada de un sistema de gestión de la innovación. Un proyecto de I+D sin una correcta gestión de la innovación tiene elevadas probabilidades de fracaso. Para ello resulta necesario apoyar la elaboración de estudios del estado del arte así como el diseño de sistemas de vigilancia tecnológica que minimicen el riesgo de la I+D.
– Diseñar un plan estratégico para las PYME que serán las más afectadas en estos momentos: resulta necesario atraer capital privado semilla tecnológico que apueste por las PYME tecnológicas. Para ello, es necesario que dichas empresas cuenten con buenos planes de negocio y de generación de activos tecnológicos. La Administración debería apoyar el desarrollo de dichas actividades. Asimismo, entiendo necesario crear planes de ayudas a fondo perdido a proyectos de I+D en los que los beneficiarios sean única y exclusivamente las Pyme. Mientras que las grandes empresas pueden mantener sus inversiones en I+D con cargo a fondos propios, con la actual crisis de liquidez las PYME serán las que en mayor medida reduzcan este tipo de inversiones. Tanto las subvenciones como los préstamos a tipo de interés 0 deberían ir en mayor medida a este perfil de empresas. De hecho diversos estudios confirman que el secreto del éxito de los altos niveles de innovación en Estados Unidos reside en las PYME.
– Todos los planes de apoyo financiero por parte de la Admnistración deberían contemplar seguimientos de cumplimiento de objetivos de resultados, tanto económicos como tecnológicos: patentes generadas, exportación de tecnología, etc.
Artículo escrito por Oscar Viñes